Senado debate cambios de último momento en la reforma de Ley de Glaciares

La adecuación a la Ley de Glaciares volvió al centro de la agenda legislativa tras la incorporación de modificaciones de último momento al Dictamen OD 700. El punto más sensible está en la "letra chica": la redefinición del ambiente periglacial.

La nueva redacción diferencia las áreas periglaciares de las geoformas periglaciales y condiciona su incorporación al Inventario Nacional a que sean reconocidas como reservas estratégicas por la autoridad ambiental de cada jurisdicción. Este cambio otorga mayor margen de decisión a las provincias, especialmente a aquellas con actividad minera.

Además, según trascendió, el documento final no incluiría un párrafo que remitía al artículo 6° de la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Esa supresión también forma parte de los ajustes que buscan destrabar acuerdos políticos.

Inventario y principio precautorio bajo revisión

Uno de los pilares que se mantiene es el fortalecimiento del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá siendo obligatorio y contará con la participación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en coordinación con las provincias.

El dictamen consolida el principio precautorio: todos los cuerpos incluidos en el inventario permanecerán protegidos hasta que estudios técnico-científicos determinen si cumplen o no funciones hídricas estratégicas. Sin embargo, la discusión gira en torno a qué formaciones ingresan efectivamente en ese listado.

Fuentes parlamentarias indicaron que los cambios buscan "precisar técnicamente qué debe considerarse ambiente periglacial", mientras que sectores ambientalistas advierten que esa redefinición podría reducir la superficie protegida.

Debate político y votación ajustada

El oficialismo se muestra optimista, aunque reconoce que la votación sería ajustada. Tanto el PRO como la UCR anticipaban posiciones divididas, al igual que sectores del peronismo, en especial representantes de provincias con fuerte presencia minera.

El texto reafirma que los glaciares son bienes públicos y reservas estratégicas de recursos hídricos, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional. También mantiene la prohibición de actividades que puedan alterar de manera significativa su condición natural y exige evaluaciones de impacto ambiental con participación ciudadana obligatoria.

"Se trata de garantizar protección sin frenar el desarrollo productivo", señalaron desde sectores que acompañan la iniciativa. En cambio, voces críticas sostienen que "los cambios en la definición pueden abrir zonas sensibles a proyectos extractivos".

Si el proyecto obtiene media sanción en el Senado, pasará a la Cámara de Diputados, donde el debate volverá a poner en tensión la protección ambiental y las economías regionales. El resultado definirá el alcance real de una de las normas ambientales más relevantes del país. (Fuente: El Diario Nuevo Día)