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Día clave en el Senado: debaten habilitar la minería en áreas de glaciares

El Senado de la Nación ya debate una reforma a la Ley de Glaciares que podría modificar la protección vigente sobre zonas glaciales y periglaciales en Argentina. La iniciativa, impulsada en un contexto de búsqueda de inversiones mineras, propone redefinir áreas protegidas y otorgar mayor injerencia a las provincias. Organizaciones ambientales, científicos y sectores sociales advierten que los cambios podrían favorecer la minería por sobre la preservación del agua dulce. En Santa Cruz, donde se encuentra el Glaciar Perito Moreno en El Calafate, el debate genera especial preocupación por el impacto que podría tener sobre los recursos hídricos y el patrimonio natural.

Redacción Nuevo Día
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La actual Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, establece la protección de todos los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Prohíbe actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos en esas áreas, considerando su rol clave en la regulación hídrica.

El proyecto que se analiza en el Senado de la Nación Argentina plantea redefinir qué sectores cumplen una "función hídrica estratégica" y transferir mayor potestad a las provincias para determinar los límites de protección. Para sus impulsores, esto permitiría compatibilizar desarrollo económico e inversiones.

Sin embargo, especialistas advierten que esa redefinición podría reducir el alcance real de la norma. "Si se acota la zona protegida, se abre la puerta a actividades extractivas donde hoy están prohibidas", señalaron referentes ambientalistas que siguen de cerca el debate parlamentario.

El agua en riesgo y el avance de la minería

Argentina posee miles de cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes. Estas masas glaciares funcionan como reguladores naturales del agua, liberándola de forma progresiva y abasteciendo ríos utilizados para consumo humano, riego y generación energética.

Desde organizaciones ambientales sostienen que la reforma representa "un retroceso en materia de protección ambiental en plena crisis climática". Alertan que permitir mayor actividad minera en zonas periglaciales podría generar contaminación con metales pesados o sustancias químicas utilizadas en procesos extractivos.

"Los glaciares no son solo hielo, son reservas estratégicas de agua para las próximas generaciones", remarcaron desde colectivos socioambientales, que convocaron a frenar la iniciativa. Además, advierten que el debilitamiento del control nacional podría dejar la regulación sujeta a presiones económicas provinciales en busca de inversiones de corto plazo.

Santa Cruz y el caso del Glaciar Perito Moreno

En la provincia, la discusión adquiere una dimensión especial. Santa Cruz alberga al emblemático Glaciar Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en El Calafate. Aunque su condición de parque nacional le otorga una protección adicional, el debate sobre la ley genera inquietud por el mensaje político y ambiental que implicaría una flexibilización.

El Perito Moreno es uno de los principales atractivos turísticos del país y una fuente clave de ingresos para la economía regional. Cualquier retroceso en políticas de conservación podría impactar no solo en el ecosistema, sino también en el desarrollo turístico de la provincia.

Especialistas advierten que la Patagonia ya enfrenta efectos del cambio climático, con variaciones en masas de hielo y alteraciones en ciclos hídricos. "Debilitar herramientas de protección en este contexto es una señal preocupante", sostienen científicos vinculados al estudio de glaciares patagónicos.

El debate en el Senado expone una tensión histórica entre desarrollo extractivo y preservación ambiental. Mientras sectores mineros argumentan que el país necesita inversiones y generación de divisas, ambientalistas insisten en que el costo podría ser irreversible.

En Santa Cruz, donde el agua, el hielo y el turismo forman parte de la identidad productiva y cultural, la discusión no pasa desapercibida. La decisión que adopte el Congreso marcará un precedente sobre cómo Argentina equilibra explotación de recursos y protección de bienes naturales estratégicos. (Fuente: El Diario Nuevo Día)

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