"Sin agua no hay seguridad posible": de qué se trata la demanda colectiva presentada contra la reforma de la Ley de Glaciares

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas junto a múltiples organizaciones ambientales y territoriales presentó una demanda colectiva para solicitar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares y pedir la suspensión inmediata de su aplicación en todo el territorio nacional.

La iniciativa ya reúne más de 850 mil adhesiones y busca evitar -según señalaron desde el espacio ambientalista- "daños irreversibles sobre glaciares y ambiente periglacial", considerados reservas estratégicas de agua dulce para el país.

"Somos más de 850 mil personas las que adherimos a la demanda colectiva para pedir que la Justicia declare inconstitucional la reforma de la Ley de Glaciares", expresaron en una de las publicaciones difundidas en redes sociales.

La acción judicial incluye además una medida cautelar para frenar la vigencia de la nueva normativa mientras se analiza el fondo del reclamo.

Desde las organizaciones sostienen que la modificación de la ley debilita la protección de glaciares y zonas periglaciares al introducir "criterios ambiguos", permitir exclusiones del Inventario Nacional de Glaciares y trasladar a las provincias la definición sobre qué áreas quedarán protegidas.

"Esto abre la puerta a actividades extractivas en zonas críticas para el agua", advirtieron.

La presentación fue realizada en la provincia de La Pampa debido a que -según explicaron- la reforma impacta en la seguridad hídrica nacional. En ese sentido, señalaron que la provincia recibe agua de cuencas nacidas en San Juan y Mendoza, donde existen proyectos mineros vinculados a áreas glaciares y periglaciales.

Además, cuestionaron el argumento de la "seguridad jurídica" utilizado para defender la reforma legislativa.

"Una ley inconstitucional no brinda seguridad jurídica", remarcaron desde la Asociación Ambientalista, y sostuvieron que modificar la Ley de Glaciares para habilitar actividades en zonas protegidas "no amplía derechos ni genera previsibilidad, sino que introduce inestabilidad".

En ese marco, insistieron en que la discusión excede el plano jurídico y pone en juego derechos vinculados al acceso al agua, la protección de los ecosistemas y el derecho constitucional a un ambiente sano.

"La lucha continúa. En los tribunales, en los territorios y en cada intento de avanzar sobre lo que aún resiste", señalaron desde las organizaciones convocantes.