Una cancha de fútbol usurpada hace cuatro años en Santa Cruz, tiene fecha de desalojo

El juez de Instrucción de El Calafate, Alberto Albarracín, ordenó que las familias que ocupan la ex cancha de fútbol de El Chaltén deberán retirarse del predio antes del 30 de abril de 2026, fecha en la que se cumplirán cuatro años de la toma iniciada el 23 de abril de 2022. Se trata de un terreno fiscal que había sido cedido al club local para su relocalización y posterior loteo.

La ocupación comenzó cuando vecinos, al enterarse de que el municipio avanzaba con un proyecto de urbanización, instalaron casillas rodantes y carpas reclamando acceso a tierras que -aseguran- nunca les fueron adjudicadas. La situación derivó en la radicación de denuncias penales por parte del municipio y del club deportivo Chaltén, aunque el expediente avanzó recién tras la asunción del nuevo magistrado.

Un antecedente similar

El criterio aplicado por el juez Albarracín replica lo dispuesto recientemente en otros casos de usurpación, como el del hotel La Aldea, donde se otorgó un nuevo plazo de desalojo tras una audiencia de partes. Allí también se estableció el 30 de abril como límite para que las familias ocupantes abandonen el edificio.

Fuentes judiciales confirmaron a Señal Calafate que la ampliación del plazo para la ex cancha se evaluó luego de reuniones con autoridades municipales de El Calafate. Días atrás, funcionarios habían anticipado a la Policía Provincial que el magistrado podría firmar la extensión, dado que el plazo original venció el 11 de noviembre.

Una familia que había ocupado un terreno con instalaciones de agua municipal no obtuvo la misma prórroga y aceptó retirarse tras ser advertida sobre un desalojo inmediato. Ese antecedente reforzó la expectativa de quienes integran el asentamiento "23 de abril" respecto de una resolución similar a la del caso La Aldea.

Más de 50 personas deberán retirarse antes del 30 de abril

Con la resolución ya firmada, la Policía notificó a cada una las familias que residen en el predio, donde se estima que más de 50 personas deberán dejar sus viviendas precarias. La Justicia estableció como criterio que los ocupantes dispongan de la temporada turística de verano para generar ingresos y definir su continuidad en la localidad.

La intención es evitar un desalojo forzoso, pero advirtieron que se recurrirá a la fuerza pública si la orden no se cumple dentro del plazo establecido para abril.(Señal Calafate)