JUSTICIA

Usurparon un terreno estatal de SPSE en donde hay agua potable, tienen plazo hasta mañana para irse, y la Justicia ordenó el desalojo con la Policía

El Juzgado de Instrucción de El Calafate ordenó el desalojo de una familia de El Chaltén que ocupaba un terreno fiscal donde se encuentran instalaciones del servicio de agua potable. La medida, firmada por el juez Alberto Albarracín, incluye la posibilidad de utilizar fuerza policial y la intervención del Grupo de Negociaciones.

Redacción Nuevo Día
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La Justicia de El Calafate ordenó el desalojo de una familia de El Chaltén que desde hace más de un año ocupaba un terreno fiscal donde se encuentran instalaciones clave del servicio de agua potable. La causa, iniciada bajo el expediente 24908, comenzó tras la denuncia del empleado estatal Francisco Santamaría, responsable de la delegación local de Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Según consta en el expediente, en el predio funcionan una cañería principal y una válvula de presión que permanecen operativas bajo tierra. A pesar de las notificaciones previas -tanto informales como formales- la familia instaló allí una vivienda, lo que dio inicio a la denuncia penal contra el padre del grupo familiar, residente de larga data en la localidad.

La Justicia ordena el desalojo con auxilio policial

El juez de instrucción Alberto Albarracín, junto al secretario Rodrigo Risatto, firmó la orden de desalojo y habilitó la intervención de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. La comisaría de El Chaltén fue designada para ejecutar la medida, con participación de áreas especiales y la posible asistencia del grupo de Fuerzas Especiales desde Río Gallegos debido a la complejidad del caso.

La notificación incluyó un plazo límite hasta el viernes 21 de noviembre de 2025, con la advertencia de que se utilizará la fuerza policial si la familia no desocupa voluntariamente el predio. La orden también fue comunicada al municipio, la Secretaría de Niñez y otras dependencias estatales.

Intervención del Grupo de Negociaciones y salida acordada

Antes de emplear la fuerza, tomó intervención el Grupo de Negociaciones de la Policía, que ya había actuado recientemente en un caso de desalojo en Río Gallegos. A través de una videollamada, los negociadores establecieron contacto con el imputado y confirmaron que la familia abandonará el terreno antes del plazo fijado.

La Justicia coordinará los permisos para que puedan retirar sus bienes, ya que el predio deberá quedar completamente libre de estructuras. En paralelo, el municipio local trabaja para asistir a la familia, que aguardará una casilla que se encontraba tramitando por su cuenta.(Señal Calafate)

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