Día de Acción por la salud de las mujeres: el aborto legal ya tiene protocolo para todo el país

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti presentó el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. La Ley 27.610 sumó la regulación sanitaria para que sea cumplida en todo el país. Concede el derecho a la objeción de conciencia, pero solo de manera individual.
viernes, 28 de mayo de 2021 · 16:58

En la Argentina el aborto legal seguro y gratuito ya es un derecho con todas las de la ley. La norma está vigente para todas las personas gestantes, en obras sociales, hospitales públicos y prepagas. Se está cumpliendo. Y la letra chica no esconde trampas, sino facilidades para acceder a la posibilidad de decidir no continuar con un embarazo. Hoy se avanzó en la regulación de la norma para que el acceso sea para todas las personas, en todo el país, sin obstáculos, ni demoras.

El Ministerio de Salud de la Nación presentó la actualización del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Es el paso normativo que faltaba después de la promulgación de la ley el 14 de enero del 2021, en la parte histórica de la Casa Rosada, en un acto donde las mujeres que lucharon en la calle pudieron concretar un sueño colectivo: ser libres, iguales y autónomas en sus deseos, dolores y goces.

La batalla legal, sanitaria y feminista por el aborto legal logró en mayo del 2021 un avance que no es solo burocrático. Desde comienzos del Siglo XXI los protocolos se convirtieron en un caballito de batalla para poder cumplir, en principio, con los abortos no punibles.

En los avances empujados por la perspectiva de género en el sistema sanitario para no dejar solas a niñas violadas o mujeres enfermas fueron centrales figuras claves, entre otras, como Paula Ferro, Silvina Ramos, Mariana Romero y Valeria Isla, que inauguró el cargo del Programa de Salud Sexual (después de la aprobación de la anticoncepción gratuita post crisis del 2001) al que volvió en la actual gestión y sigue garantizando la federalización de los derechos sexuales.

En 2005 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró la Guía para la Atención de Mujeres con un Aborto en Curso y, en 2007, el primer protocolo. Luego en 2008 empezaron las consejerías pre y post aborto y, en 2010, comenzó a funcionar la línea 0800 de salud sexual (0800-222-3444). La Línea es clave para desatar los problemas cuando, a pesar de la ley, quieren hacer que la trampa impida el derecho a concretar un aborto legal.

El 24 de enero del 2021 entro en vigencia la Ley 27.610. Solo del 24 de enero al 28 de febrero se registraron 2543 consultas sobre aborto legal. Y, desde la aprobación de la ley, aumentó un 87% la capacidad de respuesta de los servicios de salud sexual cuando se plantea un problema en el teléfono del Ministerio de Salud de la Nación

En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujeres, que históricamente, en Argentina y en América Latina, es una fecha icónica de la lucha por el aborto legal, se presentó el protocolo. Se trata de una guía práctica destinada a los equipos y establecimientos de salud para llevar adelante los procedimientos de interrupción legal del embarazo (ILE) y dar cumplimiento a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto.

El lanzamiento estuvo a cargo de la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a Cecilia Nicolini, asesora presidencial (de viaje en Cuba para conocer los alcances de las vacunas Abdala y Soberana 2 frente a la pandemia de Coronavirus); de la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de la Secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra y de la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.

“El protocolo es una herramienta de la política pública sanitaria que permite fijar estándares de acceso y calidad en la atención de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto como así también de apoyo y respaldo a las instituciones que vienen garantizando este derecho”, explicó Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

La Ministra de Salud Carla Vizzotti resaltó, de modo virtual: “Es una guía para todo el sistema de salud, independientemente de la cobertura social y una herramienta de justicia social. Las provincias y las organizaciones sociales son protagonistas absolutos de este camino, de esta realidad y del desafío que tenemos por delante para implementar esta ley”.

En su paso por México Vizotti y Nicolini (para ver la marcha de las vacunas AstraZeneca), quedaron conmovidas por la repercusión de la aprobación del aborto legal en América Latina donde los pañuelos verdes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de Argentina, se convirtieron en un símbolo de la lucha feminista y de la autonomía sexual en todo el continente.

En México el aborto es legal en la capital, pero no en todo el país y la repercusión del movimiento feminista argentino es muy grande y el país viene de grandes movilizaciones por los paros del 8 de marzo y contra violaciones sexuales y feminicidios. Por eso, Nicolini destacó “la importancia que tiene este paso no sólo en la Argentina sino para toda América Latina”.

Vilma Ibarra recalcó que se trata de “gran conquista en nuestra historia” y que “es producto de una lucha de muchísimos años y de muchísimas personas”. “Es una enorme conquista de las luchas de las mujeres y diversidades. No lo tenemos que naturalizar”, sostuvo una de las figuras claves para que la ley sea tratada durante el 2020 a pesar de resistencias internas y que logró que la pulseada legislativa se inclinara a favor del aborto legal.

Elizabeth Gómez Alcorta destacó que la ley 27.610 “vino a sacar de la clandestinidad la decisión de miles de mujeres, a evitar muertes y a atender de manera integral una cuestión que está en el ámbito de la salud pública, pero también viene a fortalecer la autonomía de las mujeres y las personas gestantes sobre sus propios cuerpos”.

Los abortos legales (por razones de salud, en casos de violación o de inviabilidad del embarazo) ya se practicaban en la Argentina por las excepciones del Código Penal de 1921 y por el respaldo del fallo F.A.L, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 2012. Pero la aprobación de la ley dio respaldo a los médicos y médicas que ya practicaban la IVE y generó que las obras sociales, prepagas y hospitales que no lo hacían tengan que cumplir con la prestación o derivar (en caso de objeción de conciencia) a quienes sí cumplen con la nueva norma.

El protocolo da más espalda a los equipos de salud que ya realizaban la IVE y despeja dudas entre quienes se suman al cumplimiento del aborto legal. Ya no hay lagunas, baches o callejones sin saluda. No solo hay una ruta hacía el aborto legal, sino que la nueva guía es el GPS para que todas sepan como llegar.

Por eso, no se trata de un cuadernillo oficial a secas. El protocolo saca todas las excusas para no cumplir con la ley y otorga derechos plenos y claros a las personas gestantes que pidan interrumpir un embarazo. “El Protocolo de Atención Integral de las Personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo es una herramienta de la política pública para implementar la Ley 27.610, que es de orden público y está vigente en todo el país”, destaca Valeria Isla.

Ella detalla: “El protocolo fija los estándares legales y clínicos necesarios para garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Da respaldo a las instituciones que garantizan la práctica, a los equipos de salud y genera condiciones para que nuevos equipos de salud puedan sumarse a realizar la práctica con estándares clínicos y de calidad adecuados”.

El protocolo explica que hasta las 14 semanas se puede pedir el acceso a un aborto sin dar motivos. Después de ese plazo rigen las causales (peligro para la salud y violación) que no es una innovación, sino que rigen en la Argentina desde hace 100 años.

Una ley que costó tanto aprobar no puede quedar en un limbo en su implementación. Por eso, la guía dice paso a paso como hay que realizar la intervención desde que la persona ingresa al sistema de salud hasta que se concreta la interrupción del embarazo o si la persona decide, finalmente, no concretar la práctica. Un punto central es que las mujeres tienen que finalizar el proceso con una cobertura plena y gratuita de métodos anticonceptivos.

“Es muy importante la consejería para promover la autonomía y el consentimiento informado, para fortalecer las decisiones libres de las personas con capacidad de gestar. Y se aborda claramente que las personas con discapacidad también tienen derecho a decidir con total autonomía”, advierte Isla.

En los casos paradigmáticos de niñas que, en Tucumán o en Jujuy, han sido obligados a ser madres en contra de su voluntad, el protocolo deja en claro su derecho a no seguir siendo víctimas de violencia sexual. “El Protocolo especifica como es el abordaje con adolescentes y con niñas menores de 15 años que sufren embarazos forzados y son víctimas de abuso sexual”, subraya la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

¿Qué pasa con la objeción de conciencia? ¿Qué pasa cuando hay médicos, anestesistas o instituciones que dicen no querer cumplir con la ley? “La objeción de conciencia se regula –apunta Isla- y eso es una novedad. Se garantiza el derecho a la objeción de conciencia, pero también se enmarca se regula y establece deberes”.

¿Cuáles son las obligaciones de quienes se nieguen a realizar un aborto por cuestiones de conciencia? Deben informar adecuadamente, derivar con acompañamiento para garantizar la práctica y realizar la atención post aborto. No pueden dejar a su suerte a la paciente, sino acompañarla en su decisión sin obstaculizarla.

Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia para quienes estén afectados por razones morales o religiosas a pedir una autorización para no cumplir con la ley en una práctica sanitaria. Pero tiene carácter excepcional y es solo para los profesionales que están afectados directamente en las intervenciones.

También es importante que la objeción de conciencia es solo individual (no puede declararse toda una clínica o institución objetora) sino solo de médicos o médicas en particular. No es que en algunos hospitales o sanatorios “eso no se hace”, sino que tienen que garantizar el aborto legal aunque haya profesionales que pidan no realizarlo. Y no pueden improvisar, sino avisarlo con anticipación.

“Hay que garantizar el acceso al derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo con los mejores estándares de calidad clínicos y legales, en todo el país”, resalta Isla. Y apunta: “Las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar del colectivo de las diversidades y disidencias puedan acceder con equidad e igualdad para toda la República Argentina”.

Fuente: Infobae 

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