Avanza la Ley de Modernización Laboral y se redefine el sistema de trabajo en Argentina

El Gobierno nacional impulsa la Ley de Modernización Laboral, una reforma integral que modifica pilares históricos del derecho del trabajo en Argentina, como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Convenciones Colectivas. La iniciativa apunta a flexibilizar modalidades de contratación, redefinir la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y establecer un nuevo sistema de cese laboral.

El proyecto también incorpora cambios en la actividad sindical y en la regulación de servicios esenciales. Desde el oficialismo señalan que la reforma "plantea un cambio de paradigma orientado a la modernización y la competitividad".

Indemnizaciones, contratación y un nuevo Fondo de Asistencia Laboral

Uno de los cambios centrales es la modificación del artículo 245 de la LCT. El cálculo de la indemnización tomará como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, pero descontando conceptos no mensuales como el aguinaldo o premios ocasionales. También se habilita que los convenios colectivos sustituyan el régimen tradicional por un fondo de cese.

Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por una contribución patronal del 3%. Según fuentes oficiales, el objetivo del FAL es "coadyuvar al pago de indemnizaciones sin alterar el régimen vigente", aunque la decisión de usar esos fondos quedará a discreción del empleador.

Por otra parte, se limita la presunción de relación laboral en contrataciones de servicios profesionales y se redefine la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación. "La empresa principal quedará eximida si exige los comprobantes de aportes y salarios", indica la letra de la reforma.

Actividad sindical, servicios esenciales y nuevas figuras laborales

El proyecto introduce cambios relevantes en el derecho a huelga y en la actividad gremial. Se amplía la lista de servicios esenciales y de importancia trascendental, con exigencias de prestación mínima del 75% y 50% durante medidas de fuerza. También se sancionan como infracciones graves los bloqueos o tomas de establecimientos.
"Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador", establece el nuevo texto legal, que además elimina la retención automática de la cuota sindical sin consentimiento del trabajador.

Otro de los bloques centrales es la incorporación de un régimen especial para trabajadores de plataformas. Los repartidores y mensajeros serán considerados "independientes", con libertad de conexión y elección de pedidos. Las plataformas deberán ofrecer seguros de accidentes personales, pero sin constituir relación laboral.

Asimismo, se implementan incentivos a la formalización laboral, como el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Programa de Empleo Registrado (PER), ambos orientados a reducir cargas y estimular la regularización de trabajadores no declarados.

La reforma también impacta en sectores particulares: se amplía a seis meses el período de prueba en el servicio doméstico, se regulan las bolsas de trabajo sindicales para garantizar libertad de contratación y se simplifican procesos judiciales y registrales mediante ARCA.