El Gobierno nacional inició el proceso de privatización de Intercargo, el servicio de rampas en aeropuertos
El Ministerio de Economía oficializó la venta del 100% de Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa en aeropuertos. La medida, amparada en la Ley Bases, avanza en la privatización del sector aéreo y deberá concretarse en un plazo de ocho meses.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó el inicio del proceso de privatización total de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los principales aeropuertos del país. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1067/2025, ordena la venta del 100% de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, marcando un nuevo paso en el plan de desinversión estatal impulsado por el Gobierno.
La decisión se enmarca en la Ley de Bases (Ley 27.742), que incluyó a Intercargo entre las empresas sujetas a privatización. El proceso será coordinado por la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Como parte del procedimiento, se deberá actualizar el inventario de activos de la compañía y rescindir, por mutuo acuerdo, el contrato de concesión vigente que otorga a Intercargo la exclusividad del servicio de atención en tierra a aeronaves.
El anuncio remite a un conflicto ocurrido en noviembre de 2024, cuando una huelga de trabajadores afectó miles de vuelos en Aeroparque y Ezeiza, provocando un duro enfrentamiento entre el Gobierno y los gremios. En ese contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado el rumbo de esta política al declarar: "El fin de Intercargo tal como lo conocemos". Desde entonces, se autorizó el ingreso de empresas privadas al sector, rompiendo el monopolio estatal.
La resolución establece un plazo máximo de ocho meses para concretar la privatización. Aunque el Tribunal de Tasaciones de la Nación no logró establecer un valor total de la empresa en el plazo requerido, sí valoró sus bienes tangibles. Para cumplir con la Ley 23.696, el Gobierno podrá recurrir a entidades privadas o internacionales que no participen del proceso licitatorio, asegurando así un marco legal para definir el precio base de la venta.
Por último, las autoridades deberán garantizar que la operación no afecte la continuidad del servicio ni la conectividad aérea nacional e internacional. La plataforma digital CONTRAT.AR será el medio oficial para llevar adelante la licitación. Con este avance, Intercargo se suma a la lista de empresas públicas en proceso de desestatización, en un contexto de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.
Fuente: InfoGremiales