Plataforma de Derechos humanos dijo que una intendencia de Santa Cruz tiene un “comportamiento proxeneta”

La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo ( PIDHDD) sostuvo que Puerto Santa Cruz “no escapa a las generales de los municipios y es una plaza prostibularia de explotación sexual”. El jefe comunal, Néstor González había criticado a Norma Cabas, de la subsecretaria de la Mujer,  luego de un allanamiento en el que se encontraron  tres mujeres “alternadoras”, figura prohibidas según la Ley contra la Trata.   


 


 


La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo ( PIDHDD) le envió una Carta abierta al Intendente de Puerto Santa Cruz,  Néstor Gonzalez en donde le advirtió  que su comuna promovió la explotación sexual  y que “recoge fondos  de la industria de la explotación del cuerpo de mujeres migrantes”.


La organización defendió a la directora general de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría Provincial de la Mujer, Norma Cabas, quien denunció que  Puerto Santa Cruz no se cumple con las leyes de Trata de Personas, luego de un allanamiento realizado semanas atrás  -y que fue dictaminado por la jueza federal Andrea Askenazi Vera- en la que a tres mujeres de nacionalidades argentina, paraguaya y dominicana, de entre 26 y 35 años de edad, fueron encontradas  trabajando como alternadoras,  figura que habría sido habilitad pro la propia comuna.


El jefe comunal, señalo que  Cabas es una”mentirosa” y aclaró que no hubo caso de trata. Sin embargo, la figura de alternadoras  de cabarets “clase c”, de donde fueron detectadas las tres mujeres, están penadas según la Ley de Trata de personas, sancionada en diciembre del 2.012 por el Congreso de la Nación. 


La carta 


La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo – Capítulo Argentina se dirige al Intendente de Puerto Santa Cruz para hacerle saber que en la justicia y en el área administrativa de la intendencia a su cargo posee elementos probatorios suficientes sobre la persistencia de la explotación sexual en el municipio a su cargo.


En caso de que la afirmación que califica a la Sra. Norma Cabas provenga de la ignorancia, esta puede satisfacerse con conocimiento y notificaciones fehacientes; en caso de que provenga de la negación política del proxenetismo estatal de la provincia, es parte de una estrategia que no resiste la mirada en un espejo.


No nos interesan las razones del Sr. Intendente ya que obedecen a su propia conciencia; sí nos interesa que asuma que el Estado ha tenido un comportamiento proxeneta, recogiendo fondos de la industria de la explotación del cuerpo de mujeres migrantes. No existe posibilidad alguna de terminar con la impunidad sin la asunción del conflicto por parte de cada intendente y del Consejo Deliberante.


Conocemos y queremos la tierra santacruceña,  tierra de migrantes que incluye en el modelo de desarrollo a los varones y deshabilita a las mujeres extranjeras y/o pobres del lugar del acceso a un trabajo digno.


Sr. Intendente: si la afirmación errónea sobre lo que posee y no posee el municipio a su cargo proviene de la ignorancia de los hechos delictivos consuetudinarios de Puerto Santa Cruz, ponemos nuestro esfuerzo para que usted cuente con las herramientas necesarias para cumplir con la manda legal. Si en cambio es una decisión política de enlodar a una funcionaria proba que lucha contra la impunidad, nada tenemos que compartir, sirva esta para afirmar que Puerto Santa Cruz no escapa a las generales de los municipios y es una plaza prostibularia de explotación sexual.


Atentamente,


Sarita Torres Coalicion y Mujeres Migrantes, Sonia Sánchez Mujeres Migrantes y NOVA OKUPA, Ana Chávez  Mujeres Migrantes y NOVA OKUPA- Miembros de la PIDHDD Capítulo Argentina.


 

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