El proyecto de reforma electoral presentado en Santa Cruz: cómo propone votar, elecciones unificadas, candidaturas y partidos políticos

Un proyecto de ley de gran alcance ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz con el objetivo de reformar de manera profunda el sistema electoral provincial. La iniciativa, presentada por el diputado Carlos Alegría, propone un nuevo "Régimen Integral de Transparencia y Selección Democrática de Candidaturas".

La propuesta no se limita a un cambio puntual, sino que abarca todo el proceso electoral: desde la conformación del padrón hasta la proclamación de autoridades. En sus fundamentos, establece que el sistema debe garantizar "transparencia, equidad, simplicidad y la plena vigencia de la voluntad popular", alineándose con principios republicanos.

Además, fija como eje central que el resultado electoral debe reflejar "de manera fiel, directa e inequívoca la decisión del cuerpo electoral", buscando evitar distorsiones en la representación política. 

Boleta única obligatoria y eliminación total de los lemas

Uno de los cambios más significativos es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) como único instrumento de votación en toda la provincia. Esto implica que el Estado será el encargado de imprimir y distribuir las boletas, eliminando el sistema tradicional partidario.

La BUP incluirá todas las categorías en una sola hoja, con opciones para votar lista completa o por categoría. También se incorporan casilleros para voto en blanco y medidas de seguridad para evitar fraudes.

En paralelo, el proyecto establece una prohibición contundente: "mecanismos que distorsionen la voluntad del electorado, tales como lemas, sublemas, colectoras o cualquier otro sistema de acumulación o transferencia de votos". Esto representa un giro estructural respecto al sistema histórico de Santa Cruz, que ya se había concretado con la eliminación de la Ley de lemas en junio de 2024.

Otro aspecto técnico relevante es que se prioriza la validez del voto. Es decir, cualquier marca clara será considerada válida, evitando anulaciones por cuestiones formales. Incluso se contemplan situaciones como la combinación de voto por lista completa y voto por categoría, definiendo cómo se computan esos casos. 

Cambios de fondo en candidaturas y partidos políticos

El proyecto también apunta a modificar la lógica interna de los partidos políticos. Se establece la obligación de garantizar procesos democráticos en la selección de candidatos, bajo supervisión del Tribunal Electoral Permanente.

"Las agrupaciones políticas deberán garantizar el funcionamiento democrático de sus órganos internos", indica el texto, que además habilita controles directos del organismo electoral sobre estas instancias.

En cuanto a los requisitos, se introducen avales obligatorios para competir:

• 5 por mil del padrón para cargos provinciales
• 2 por mil para cargos municipales

Asimismo, se refuerza la paridad de género con un criterio estricto: las listas deberán respetar alternancia entre hombres y mujeres en todos los cargos, desde titulares hasta suplentes. El incumplimiento implicará el rechazo de la lista.

También se detallan condiciones de elegibilidad, incompatibilidades y mecanismos de sustitución de candidatos, lo que aporta mayor previsibilidad al proceso.

Elecciones unificadas y fin del desdoblamiento

Otro punto clave del proyecto es la imposición de la simultaneidad electoral obligatoria. Esto significa que todas las elecciones -provinciales, municipales y de comisiones de fomento- deberán realizarse el mismo día.

"El acto electoral deberá celebrarse en la misma fecha para la totalidad de los municipios", señala la iniciativa, que prohíbe expresamente el desdoblamiento.

Además, se establece que la elección de cargos legislativos provinciales también debe realizarse en conjunto, evitando dividir el proceso en distintas instancias.

Esta medida busca ordenar el calendario electoral, reducir costos y evitar estrategias políticas vinculadas a la fragmentación de elecciones. 

Regulación de campañas, financiamiento y redes sociales

El proyecto incorpora un capítulo amplio sobre campañas electorales. Se fijan plazos claros: la campaña comenzará 50 días antes de la elección y finalizará 48 horas antes.

También se establecen límites de gasto, que serán definidos por el Tribunal Electoral en función del padrón. A su vez, se prohíbe el financiamiento por parte de empresas concesionarias de servicios públicos o vinculadas al juego.

"Las agrupaciones políticas deberán presentar un informe detallado de ingresos y egresos", indica el texto, reforzando los controles financieros.

En cuanto al uso del Estado, se prohíbe utilizar recursos públicos con fines proselitistas y realizar actos de gobierno que puedan influir en el electorado en períodos sensibles.

Un punto novedoso es la regulación del entorno digital. Se incluyen sanciones por el uso de contenidos falsos o manipulados, especialmente aquellos generados con inteligencia artificial. "Toda pieza generada mediante inteligencia artificial deberá exhibir una leyenda clara", establece el proyecto. 

Más poder al Tribunal Electoral y control del proceso

El Tribunal Electoral Permanente adquiere un rol central en el nuevo esquema. Tendrá a su cargo la organización de los comicios, la confección del padrón, la oficialización de candidaturas, el control del financiamiento y el escrutinio definitivo.

Además, podrá auditar tecnologías electorales, supervisar campañas y resolver conflictos. También se refuerzan los mecanismos de transparencia, con auditorías y acceso público a la información.

El escrutinio definitivo será la única instancia válida para determinar resultados, dejando el provisorio como meramente informativo. 

Sanciones, nulidades y garantías del proceso

El proyecto incluye un régimen detallado de sanciones para infracciones electorales. Estas van desde apercibimientos y multas hasta la pérdida de personería política en casos graves.

También se establecen causales de nulidad, aunque se aclara que deben aplicarse de manera excepcional. "Deberá privilegiarse la validez del acto electoral", sostiene el texto, priorizando la voluntad del votante.

Finalmente, se regulan situaciones como fraude, uso indebido de recursos, incumplimiento de la veda y manipulación del proceso electoral, incorporando herramientas modernas de control.