Endeudamiento de hasta USD 600 millones: cómo impactará la deuda y cuánto equivale en la coparticipación que recibe Santa Cruz

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados continúa este miércoles con el análisis del proyecto impulsado por el Gobierno provincial para acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares destinados a obras de infraestructura consideradas estratégicas para Santa Cruz.

Luego del cuarto intermedio, intervino la diputada por 28 de Noviembre, Lorena Ponce, quien consultó si existía una fecha prevista para una reunión entre el gobernador Claudio Vidal y los intendentes de la provincia, al considerar que son los jefes comunales quienes deben participar en la definición de las prioridades de obras incluidas en el eventual financiamiento.

Además, la legisladora planteó dudas sobre las inversiones previstas para YCRT, particularmente en relación con la locomotora y la puesta en funcionamiento de la usina de 21 megavatios, y preguntó si existía una decisión política de la Provincia de avanzar sobre la matriz energética de la Cuenca Carbonífera.

El Gobierno ratificó la apuesta por un cambio en la matriz energética

En respuesta, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto es transformar la matriz productiva y energética de Santa Cruz.

"El objetivo es poder invertir en infraestructura estratégica y cambiar la matriz productiva y la matriz de empleo. En esta ocasión, una de las principales cuestiones tiene que ver con la matriz energética", explicó.

Respecto de YCRT, indicó que la decisión política del Gobierno es impulsar proyectos que permitan aprovechar los recursos provinciales y generar energía a menor costo.

"La decisión del gobernador y de todo el equipo es cambiar la matriz energética, dejar de depender de factores externos y generar recursos propios. Tenemos los recursos y queremos ponerlos al servicio del desarrollo", señaló.

Verbes explicó que la inversión prevista en la usina de 21 megavatios se enmarca en un esquema de compra futura de energía, mediante el cual la Provincia podría acceder a electricidad a valores inferiores a los que actualmente afronta.

También aclaró que aún no existe un valor definitivo para las inversiones proyectadas en YCRT debido a que todavía deben realizarse diagnósticos técnicos más profundos y procesos licitatorios.

Sobre la locomotora incluida en el proyecto, indicó que el costo estimado ronda los ocho millones de dólares y que deberá ser importada debido a que no se fabrica en el país.

Debate sobre controles y alcances del financiamiento

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control legislativo sobre el eventual endeudamiento.

Los legisladores analizaron la posibilidad de incorporar artículos específicos que garanticen el seguimiento de los fondos y limiten su utilización exclusivamente a obras e inversiones de capital.

Desde el Ejecutivo señalaron que acompañarán cualquier herramienta que aporte mayor transparencia al proceso.

Verbes sostuvo que el Gobierno no tiene objeciones a que la Legislatura incorpore mecanismos adicionales de control y seguimiento.

Asimismo, recordó que tanto la Constitución Provincial como la legislación vigente sobre crédito público ya establecen restricciones que impiden utilizar endeudamiento para afrontar gastos corrientes.

El impacto de la deuda: el dato que destacó el Ejecutivo

Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo vinculado al peso real que tendría el eventual financiamiento sobre las cuentas provinciales.

Ante consultas de los diputados sobre la magnitud de la deuda proyectada, Verbes explicó que la cifra de 600 millones de dólares suele generar preocupación por su volumen nominal, aunque sostuvo que al analizarla en términos fiscales el impacto resulta significativamente menor.

Según detalló, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que las provincias no pueden comprometer más del 15% de sus ingresos netos coparticipables en servicios de deuda.

En ese contexto, explicó que los 600 millones de dólares representarían aproximadamente el 17,83% de ese margen permitido por la normativa, es decir, de ese 15% antes mencionado.

Traducido a los ingresos netos coparticipables de Santa Cruz, el funcionario aseguró que el endeudamiento equivaldría a cerca del 2,55%.

"El índice de deuda sobre los ingresos netos de coparticipación ronda el 2,55%. La proporción es baja", afirmó.

El ministro adelantó además que enviará a los legisladores gráficos explicativos para facilitar la comprensión de esos indicadores y dimensionar el alcance financiero del proyecto.

Cobertura frente a eventuales variaciones económicas

Otro de los temas abordados fue el riesgo de pérdida de poder adquisitivo de los fondos obtenidos a través del financiamiento.

Verbes explicó que, en el caso de créditos otorgados por organismos multilaterales, los desembolsos se realizan conforme avanza cada obra o se reciben los bienes correspondientes, por lo que el riesgo cambiario es mínimo.

En caso de una emisión de bonos, señaló que existen herramientas financieras que permiten preservar el valor de los recursos hasta su aplicación efectiva, mediante contratos de cobertura o instrumentos ajustados por inflación.

Según indicó, el objetivo es garantizar que los fondos mantengan su capacidad de financiamiento durante todo el período de ejecución de las obras.