"No es prohibir, es poner orden": la defensa de una diputada oficialista al proyecto que prohíbe protestas en las escuelas y habilita la intervención de fuerzas de seguridad
La diputada provincial Fabiola Loreiro, del bloque SER "Por Santa Cruz", explicó los alcances del proyecto de ley que propone restringir las manifestaciones ruidosas en las inmediaciones de establecimientos educativos durante el horario de clases. Aclaró que la iniciativa no busca criminalizar la protesta, sino garantizar el derecho de los estudiantes a aprender sin interrupciones.
La legisladora Fabiola Loreiro (SER "Por Santa Cruz") salió al cruce de las críticas recibidas por un proyecto de ley que presentó junto a sus pares oficialistas, Santiago Aberastain, José Luis Quiroga y Cristian Ojeda, que propone limitar las protestas ruidosas en las cercanías de instituciones educativas, y habilita la intervención de fuerzas de seguridad, el cual fue ayer publicado por El Diario Nuevo Día. En un comunicado difundido en redes sociales, la diputada sostuvo que "no se trata de prohibir la protesta, sino de poner orden", y denunció que algunos medios y actores tergiversaron los alcances de la iniciativa.
"El proyecto no prohíbe reclamar, no toca el derecho a peticionar ni impide manifestarse. Lo único que hace es establecer una distancia mínima de 200 metros para evitar que bombos, megáfonos y gritos interrumpan las clases", explicó Loreiro. Según señaló, la iniciativa busca resguardar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en un entorno adecuado y libre de ruidos que alteren el normal desarrollo de la jornada escolar.
La diputada fue enfática al sostener que "eso también es violencia, pero contra la educación" y remarcó que el derecho a la protesta debe coexistir con el derecho a enseñar y aprender. "Algunos prefieren no mostrar la fundamentación del proyecto porque, si lo hicieran, se les cae el relato de que queremos criminalizar el reclamo", lanzó.
Loreiro también subrayó que el proyecto todavía no fue sancionado, sino que se encuentra en etapa de análisis y debate legislativo. "Fue girado a comisión, donde se invitará a distintas partes a discutir posibles modificaciones, agregados o quitas al texto original", aclaró.
En su argumentación, la legisladora apeló a principios constitucionales: "La propia Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano. Y la educación, claramente, es una actividad esencial y productiva", sostuvo.
La iniciativa reavivó el debate en Santa Cruz sobre los límites y alcances de la protesta social, especialmente en espacios públicos sensibles como las escuelas. El proyecto ya tuvo el rechazo de ADOSAC, y se presenta justamente cuando hubo un reclamo de estudiantes , docentes y padres en la Escuela 45 de Pico Truncado.
"Estamos acá para representar a la gente, no a los lobbies sindicales ni a la demagogia mediática", concluyó Loreiro, reafirmando su postura y dejando en claro que el debate recién comienza.
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