Chubut: ratifican postura anti minera en Esquel

l intendente de Esquel, Sergio Ongarato (Alianza Cambiemos), expresó este fin de semana que “como mandatario de esta ciudad, tengo la obligación de llevar adelante la voluntad de los vecinos que se plasmó de forma indiscutible hace varios años, y creo que se mantiene”.

Para Ongarato –según publica ayer el diario Jornada- es impensable que Esquel pueda ser parte del desarrollo minero en Chubut, aunque aseguró respetar a otras localidades que tienen otras realidades. “No quiero entrar a opinar de otros sectores de la provincia, y es un tema que deben resolver el gobierno y los jefes comunales”, señaló.

Insistió en que su obligación es sostener el mandato popular de Esquel, y que solamente intervendría si se viera afectado el cauce de algún río que pasa por la circunscripción, aunque consideró que de concretarse la minería en Chubut, se daría en zona de la meseta.

Hay quienes sugieren una consulta popular en la provincia y al respecto Ongarato dijo que habría que estudiar muy bien la forma de hacerla para que tenga un resultado concreto, ya que la opinión de Esquel eventualmente podría diferir de la de la gente de la meseta o la costa. Además, su pretensión es que si eventualmente se hiciera esa consulta, tendrían que contemplar y ratificar la postura de los esquelenses.

Aquel Plebiscito 

El 23 de marzo de 2003 se produjo la primera gran derrota de la megaminería en Argentina. En una votación sin precedentes para el país, el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la explotación de un yacimiento de oro y plata. Desde entonces, ninguna empresa minera pudo explotar yacimientos en Chubut y la resistencia a la megaminería creció a lo largo de la cordillera.

A fines de 2000 ya circulaba en Esquel la versión de una empresa minera en la zona. En enero de 2001, la comunidad mapuche Huisca Antieco denunció que una minera había ingresado en su territorio sin respetar los derechos indígenas. En julio de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto, ubicado a diez kilómetros de la ciudad. Contaba con apoyo explícito del gobernador José Luis Lizurume (radical) y del intendente Rafael Williams (Partido Justicialista).

Distintos grupos de vecinos comenzaron a organizarse. En octubre de 2002 confluyeron en una asamblea en la Escuela Normal. Los primeros días de noviembre se repitió la asamblea, ya con una concurrencia masiva y nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Y decidieron fecha para la primera marcha: 24 de noviembre.

El gobierno provincial había fijado que el 4 de diciembre sería una audiencia pública sobre al proyecto minero, como un paso formal para que comenzara la construcción.

La marcha del 24 de noviembre sorprendió a todos. Cientos de esquelenses se volcaron a las calles. La consigna era una: “No a la mina”.

Al día siguiente, el gobierno provincial informó la suspensión de la audiencia pública. Fue leído por los asambleístas como una primera victoria. El 4 de diciembre fue una nueva marcha. Más concurrencia, miles de personas.

Las asambleas en la Escuela Normal ya eran semanales. El 5 de febrero, el Concejo Deliberante aprobó la consulta popular. El intendente Williams la promulgó de inmediato. “Verano de 2002, la desocupación hacía estragos y ellos prometían trabajo. Pensaron que el ‘sí a la mina’ ganaba”, se recuerda hoy.

Contra todo el aparato del radicalismo y del Partido Justicialista, los vecinos redoblaron las charlas, muestras de cine, pintadas de murales. La minera y el gobierno repartieron chapas, zapatillas y alimentos en los barrios más humildes. “El gobierno provincial y el intendente trataron de desactivar cualquier posibilidad de cuestionamiento hacia el proyecto minero, instaló en los medios la idea de que la mina se hacía sí o sí”, explicó Gustavo Macayo, militante y uno de los abogados de la asamblea, y pidió no olvidar que hubo “muchos vecinos por el ‘no’ que fueron agredidos, perseguidos por patotas, víctimas de espionaje y amenazas”.

El 23 de marzo, Esquel votó. El 81 por ciento eligió el “no” a la minería. También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyen, donde más del 90 por ciento también rechazó la actividad extractiva.

Sobrevino la ley 5001 (que prohíbe la actividad en la provincia), nacieron asambleas en todo Chubut (Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y, sobre todo, en Gan Gan, donde confluyeron comunidades tehuelches y vecinos no indígenas para rechazar la explotación de plata y plomo impulsada por la poderosa Pan American Silver). Y nació a nivel nacional la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con un centenar de asambleas socioambientales de todo el país.

Como fruto de aquellas posturas, el exgobernador Lizurume debió mudar domicilio, ya que en Esquel –de donde era oriundo- no le perdonaron aquella insistencia y fueron múltiples los repudios que recibió, aun cuando dejó el Gobierno. Alejado de los primeros planos durante 8 años, regresó en 2011 como diputado provincial, ya con residencia en Playa Unión.

Fuente: El Patagónico (Comodoro Rívadavia)