El Calafate: el intrincado camino que deben recorrer los Kirchner para recuperar sus hoteles

El camino que debe recorrer la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner para retomar el control de sus hoteles y propiedades, se presenta, por lo menos, farragoso. Mientras el fiscal de la causa propone que los futuros veedores que se designen para las empresas sean de la Auditoría General de la Nación y no de la AFIP, para garantizar independencia de criterio, el abogado Carlos Belardi exige que las propiedades sean devueltas bajo acta notarial.

La semana pasada, el Tribunal Oral Federal N°5 levantó la intervención judicial y le devolvió a los Kirchner la administración de sus empresas, que se encontraban intervenidas en el marco de las causas Los Sauces y Hotesur, donde se los investiga por supuesto lavado de dinero. Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg decidieron levantar la intervención e interponer veedores judiciales, en tanto que la jueza Adriana Palliotti votó en disidencia, pidiendo resguardar los bienes.

Entre las medidas tomadas por el tribunal estuvo la de designar por un año a dos veedores de la AFIP en las empresas, para “vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de la caja chica”, así como informar sobre toda irregularidad que adviertan en la administración.

Sin embargo, el fiscal general Diego Velasco, quien había solicitado en su dictamen que la firma que controla el hotel Alto Calafate se mantenga intervenida, pidió que se reconsidere a la AFIP como el ente que controle a los hoteles y opinó que la veeduría debería recaer bajo la órbita de la Auditoría General de la Nación. En el fallo, el tribunal había considerado que AFIP lleve adelante la veeduría con el argumento de que sus técnicos ya cumplían esas funciones en IDEA SA, la firma de Osvaldo Sanfelice que alquila el hotel Alto Calafate.

Velasco consideró que, en este caso, la AFIP -organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional- no podía cumplir con independencia el rol de veedor del patrimonio de dos integrantes de dos poderes del Estado imputados en la causa, como es la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados.

Velasco propuso a la AGN, porque se trata de un ente “con rango constitucional, autónomo, con personería jurídica propia, independencia funcional y autarquía, especializado justamente en la función de auditar, más específico e impregnado de la imparcialidad que implica no solo su naturaleza jurídica, sino también su integración con mayoría a cargo de la oposición, pero también con representación de otras fuerzas políticas”. Y consideró que si bien las empresas para cumplir la veeduría no son públicas, “no es menos cierto que existe de parte del Estado de una expectativa de sanción de decomiso sobre las mismas, por lo que deviene entonces clara la necesidad de contar con ese organismo y no con la AFIP”.

A partir de la restitución de su patrimonio, los Kirchner pasarán a administrar sus cuatro hoteles: Los Sauces-“Casa Patagónica”, cerrado y con deudas y con posibles inquilinos; La Aldea, de El Chaltén, cerrado, con deudas y en alquiler; la hostería Las Dunas, alquilada; y el Alto Calafate, alquilado y con turistas.

Además de los hoteles, también les devolverán unas 30 propiedades (edificios, casas, departamentos y cocheras) tanto en Río Gallegos como en Buenos Aires. Solo los tres hoteles que está en El Calafate están valuados en US$33 millones (Alto Calafate, US$9 millones; Los Sauces, US$15 millones, y Las Dunas, US$9 millones), según los valores aportados por los interventores de las empresas a la Justicia, basados en los montos por los que fueron aseguradas o bien a partir de tasaciones propias a partir de consultas con el mercado inmobiliario local.

Por su parte, el abogado de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, tras la decisión de la Justicia, pidió que el tribunal fije los lugares donde los actuales interventores entregarán los bienes que se encuentran tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Santa Cruz. También pidió al tribunal “que especifique a los interventores cuáles son los elementos que deberán ser entregados en dicha ocasión, a efectos de que las autoridades naturales puedan tomar el control efectivo de las sociedades y de los bienes del condominio”.

Beraldi solicitó además que se entregue un inventario de la documentación y las claves bancarias y tributarias que se vienen utilizando para operar ante los distintos organismos.

Por último, solicitó que al momento del traspaso de la administración se compruebe “fehacientemente el estado en que se encuentran todos y cada uno de los inmuebles que quedaron durante estos casi cinco años bajo intervención judicial”. Y precisó: “A tal efecto, proponemos que como punto dispositivo se aclare que tal diligencia deberá ser llevada a cabo bajo registro notarial”. Beraldi también solicitó que los jueces aclaren el plazo en el cual los interventores deberán presentar sus respectivos informes finales de gestión.

Sobre este punto, el Tribunal había dado 10 días hábiles para la entrega de las propiedades, pero una de las intervenciones judiciales pidió una ampliación de 30 días hábiles más, que se cumplirían el 3 de junio, por considerar el plazo de 10 días “inusualmente escaso” para realizar el informe final de gestión. Añadió que, con las entrega en junio, la nueva administración ya podrá cobrar los alquileres correspondientes a ese mes. Ahora los jueces deberán confirmar si los Kirchner tomaran la administración en 5 días o extenderán los plazos hasta junio. (La Nación)