Miércoles 17 de Agosto de  2022 // 12:17 hs

Historias de Patagonia: Hay que pagarle al juez

“Me incendiaron la casa, también mi estudio jurídico, pero no me van a acallar. Seguiré denunciando mientras tenga fuerza y vida a esta gavilla de delincuentes que se ha instalado en el Poder Judicial de Chubut”.

Escrito en HISTORIAS DE LA PATAGONIA el

* Mario Novack 

Con estas palabras de duro contenido el abogado Rafael Robín Escalante denuncia ante el Congreso de la Nación el desempeño del juez Salvador María Irigoyen, titular del juzgado de Rawson.

Son épocas difíciles, convulsionadas en la región patagónica y lo que se cuestiona no sólo es la capacidad, sino la integridad moral de los encargados de impartir justicia en territorio chubutense.

Quien denuncia es un abogado de profunda militancia radical oriundo de Catamarca, que de hecho ejerció brevemente el cargo de gobernador de Chubut. Había llegado a la Patagonia en 1918 comenzando su actividad pública en el Territorio de Río Negro, cumpliendo las funciones de ministro Secretario General de la Gobernación. Posteriormente su destino fue Rawson, donde llegó a estar a cargo de la gobernación, mientras desempeñaba la función de ministro secretario general.

Un radical Irigoyenista, así se definía, que como muchos “paisanos” había apostado por el sur. Cansados de la pobreza cientos de catamarqueños comenzaron a emigrar a la Patagonia. Sus vidas eran de trabajo en la zafra azucarera que se producía en los campos tucumanos. “Cada vez que los catamarqueños iban a la zafra lo hacían cargados de esperanzas y cuando volvían eran muchos los que únicamente traían piojos y enfermedades”, según describe con crudeza el historiador Oscar Hugo Alaniz.

Rafael Robín Escalante no solamente estuvo a cargo del gobierno chubutense, sino que posteriormente fue intendente de Rawson, en el año 1922. No comulgaba demasiado con los partidarios de Marcelo Torcuato de Alvear, con los cuales tuvo numerosos enfrentamientos, basados muchos de ellos en la complacencia o liviandad con que toleraban los excesos cometidos  en el Poder Judicial chubutense.

Un año atrás en el país habían explotado las diferencias notables que fueron creando dos sectores: los personalistas y los antipersonalistas. En esa brecha Alvear no se manifestó abiertamente a favor de ningún sector, pese a que varios de los integrantes de su gabinete pertenecían al bando contrario a Irigoyen, denominado antipersonalista.

Pero volviendo a la situación de la justicia chubutense, los padecimientos de esa sociedad venían de antaño. Por decirlo de algún modo la sucesión de hechos irregulares era tal que hasta había desembocado en la destitución de un par de magistrados con anterioridad.

Es así como un 30 de enero de 1919 el Senado de la Nación suspende en sus funciones al juez letrado del Chubut, doctor Valentín Arroyo mientras durara la tramitación del juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación. Al parecer todavía perduraba la protección política al magistrado Arroyo ya que de los 18 integrantes del Senado votaron afirmativamente 12, lo que igualmente otorgó los dos tercios.

Parado frente a los escombros de lo que fuera su estudio jurídico el abogado Escalante mastica bronca. “Sabían que yo estaba de viaje y lo hicieron. Destruyeron documentación importante y valiosa aquí y en mi casa a la que también prendieron fuego”.

“Menos mal, dice el abogado, menos mal que lo mandan a usted que para mí es uno de los perjudicados por las maniobras de estos jueces canallas”. El comisario Abel Botana se encoge de hombros, resignado. “Usted sabe doctor como son estas cosas, para que le voy a contar si acá es un secreto a voces”.

“El diputado Spinetto lo ha puesto en su informe con pedido de juicio político a Irigoyen. Pero acá además de ineptitud existe la connivencia de los funcionarios judiciales con los delincuentes, hay una lista enorme de casos y situaciones que confirman lo sucedido. Amigo hay homicidas que han confesado cuanto le pagaron al secretario y al juez por su libertad después de no más de una semana de cárcel” acota enfurecido Escalante.

Una gran cantidad de curiosos se acercan a la casa incendiada y se solidarizan con el reconocido abogado que sigue enumerando sus sospechas acerca de la autoría del hecho. “O son gente mandada por el juez y sus acólitos o policías que simpatizan con esos desgraciados. Yo que pensé que los problemas se terminaban con la destitución de ese juez impresentable que era Armando De Barelli”.

“Cierto, asiente el comisario Botana, otro que fue destituido por manejos turbios durante su gestión. Creo que usted tiene razón, doctor Escalante, no quieren para nada investigar las irregularidades que cometió el ex juez De Barelli. 

“Lo que son las cosas, el último juez de quien se tiene un buen recuerdo es el doctor Luis Navarro Careaga, antecesor de esta gente. El doctor murió hace cuatro años y la pobre viuda doña Rosa tuvo que andar mendigando una pensión, que finalmente le otorgaron por cinco años. Ese juez no se llevó nada, se fue como vino… con lo puesto”, acota nostálgico el policía.

Cuando pueda arrímese a mi casa, añade el comisario, así hablamos y le cuento algunas cositas que se saben desde adentro. Tenemos casos identificados con pelos y señales, sabemos que corrió plata para dejar libres a gente que cometió delitos graves, como homicidios y estafas.

El abogado Escalante asiente y se despide para salir rumbo a la casa de un colega amigo. “Necesito volver a rearmar los elementos que deben nutrir la exposición del diputado Spinetto, en el Congreso Nacional”

Al cabo de dos semanas ha logrado reconstruir los casos más relevantes que serán presentados en Buenos Aires. El primero de ellos es el caso de Juan Gough, un acaudalado comerciante que vive en Trelew, dueño de una tropa de carros que en forma continua anda por los campos comprando lana. Se le inicia juicio por cobro de un pagaré, fijándole en forma fraudulenta domicilio en un boliche de Rawson, adonde el juzgado de Irigoyen le envía todas las notificaciones. Como los plazos están vencidos ordenan su remate con una base del 10 por ciento del precio o valor real de la propiedad. Por suerte Gough llega de su gira de trabajo y les frusta el remate, pagando los 10 mil pesos que le salió esta maniobra del juzgado, entre honorarios y peritajes.

Nicolás Federici también fue damnificado por las maniobras del cobro de un crédito de 25 mil pesos en el Banco Anglo Sud Americano. Pese a depositar unos 7 mil pesos para frenar la ejecución de remate de su casa, fue detenido por el juez Irigoyen y el argumento del Banco fue  que “el deudor” no tenía un domicilio actualizado para las notificaciones.

Mujeres procesadas: las siete u ocho que existieron durante el mandato de este juez eran internadas en la casa pensión de Baldomero Terrasa, alias “el Loquito Miguel”, Pese a que existe una cárcel de mujeres recientemente remodelada, las mujeres son alojadas allí pagando de su propio bolsillo los costos, mientras que su propietario ( Terrasa) percibe un salario como gendarme o guardiacárcel.

Raúl Casal fue procesado luego de ultimar en momentos que era asaltado por un sujeto de apellido Casanovas y dos de sus hijos. Pese a constituir un típico caso de “defensa propia”, luego de estar tres meses detenido en la localidad de Tecka fue trasladado a Rawson donde fue liberado. Sin embargo hubo un tibio intento de retener a Casal que era una persona de buena posición económica y socio del millonario Fructuoso Torres.

Caso Constazó y Jofré procesados por el homicidio de un sobrino de Constanzó en Paso de Indios. Es de público conocimiento que entre ambos hicieron desaparecer el cuerpo. Ante la imposibilidad de que aparezca el “cuerpo del delito”, pese a que existen otras pruebas incontrastables se ordena la libertad de ambos. Cabe consignar que , bajo el argumento de que “no existe lugar” en la cárcel de Rawson,  Constanzó, un rico comerciante de Sierra Negra, permaneció detenido en las instalaciones de la jefatura de Policía.  Uno de los personajes más nefastos de este “entramado” es el doctor Carlos Herrera, defensor de pobres y ausentes mano derecha y pieza elemental en el mecanismo desarrollado por el juez Irigoyen.

El caso de Mateo Beltrán es un testimonio de lo afirmado. Luego de ser procesado por homicidio ingresa a la cárcel de Rawson, donde designa como defensor al abogado Kantor. No prosperan sus pedidos de sobreseimiento y otros recursos, pero cuando por una cuestión de viaje el letrado Kantor se ausenta, Mateo Beltrán es conducido a la enfermería donde en un pase mágico revoca la designación de Kantor y nombra defensor al Dr. Herrera que logra su inmediata libertad, previo depósito de 2 mil pesos suyos y tres mil del padre, en la casa Comercial Martínez Hnos de Trelew, a la orden de su defensor…de pobres…!!

Genaro Cisneros Marques procesado por abuso de armas, junto con XX, que fue defendido por el Dr. Herrera y liberado de inmediato. Por su parte Cisneros Marques tuvo el patrocinio del abogado Robin Escalante y por esa razón, por igual delito permaneció siete meses preso. “Quizás, decía Escalante, por tres razones: haberme designado defensor, ser el dueño de una chacra en Epuyén que ambicionaba el Jefe de Policía Galasteguy y finalmente por ser chileno.”

Existen por lo menos otras doce casos en los cuales se denuncia con fundamentos, documentación y testigos. No faltaron casos donde se arreglaran sucesiones, crímenes, estafas, etc. También la detención indebida de menores y mujeres y hasta un chacarero que se quedó casi sin ovejas pagando por su “liberación”. Todo esto se arreglaba con el patrocinio del Defensor de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces, mágica denominación para el Dr. Carlos Herrera, socio de acuerdo a lo denunciado en el Congreso de la Nación por el diputado Alfredo Spinetto, el 24 de septiembre de 1925.

El juez Irigoyen contó con la cobertura del radicalismo de Marcelo Torcuato De Alvear, fue “trasladado” pocos meses después de la denuncia en su contra ante la previsión de un juicio político. Su nuevo destino fue la ciudad de Posadas capital de la producción yerbatera, destino que al magistrado seguramente le agradaba, ya que como buen entrerriano gustaba de unos buenos mates. Permaneció en ese destino hasta el año 1930 en que el golpe militar contra Hipólito Irigoyen inauguraba la denominada “década infame”.

La carrera del abogado Salvador María continuó su actuación en la justicia de su Entre Ríos natal en el período 1930/41, luego juez federal en la ciudad de Azul, funcionario de Correos y también presidente de la Universidad Popular de Concepción del Uruguay, en esa ciudad entrerriana.

Sin duda alguna las décadas del 10 y el 20 en el Territorio Nacional de Chubut resultaron sumamente controversiales y tanto gobernadores como jueces muchas veces fueron “eyectados” de sus cargos por denuncias o movilizaciones populares. En el caso de Irigoyen la “protección política” fue fundamental para esquivar la destitución y los cargos que se imputaban.  

Aporte de imagen: Fotos Antiguas de Chubut.